Fuentes de Financiación

DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y LIBERTADES

Marco internacional

Los Estados siempre han considerado los derechos humanos un ámbito de actuación reservado respecto del que se muestran especialmente sensibles y atentos, ya que implica todos los aspectos económicos, sociales y culturales de la vida de un país. La evolución de las relaciones entre Estados ha hecho posible trasladar el reconocimiento de los derechos fundamentales de los marcos nacionales a la escena internacional a través de la adopción de una serie de convenios, todos ellos basados en la idea de que "algo se debe al ser humano por ser un ser humano", independientemente de su entorno social y cultural

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (diciembre de 1948) constituye uno de los pilares del orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial. Completada con los dos Pactos internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos. sociales y culturales, confiere a toda la comunidad internacional la responsabilidad común de velar por el respeto, la protección y la promoción de los derechos inalienables del ser humano.

Además del sistema internacional de protección de los derechos humanos establecido en el marco de las Naciones Unidas, existen instrumentos regionales que "han reforzado la garantía de los derechos universalmente reconocidos en diversas partes del mundo. En Europa, el momento decisivo lo constituyo la elaboración, dentro del Consejo de Europa (creado en mayo de 1949), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es un instrumento de protección partícularmente avanzado, ya que permite a las personas presentar reclamaciones contra uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, procedimiento poco frecuente en Derecho internacional.

Un enfoque distinto preside las actividades de la Organizacion de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Concebida en 1975 como un foro de consultas diplomáticas, la OSCE pasó a ser en 1995 una organización regional de pleno derecho, remodelada en función de los cambios derivados de la caída del muro de Berlín. Basada en una serie de compromisos de índole política, constituye hoy en día un instrumento regional de seguridad colectiva que estable(a un estrecho vínculo entre el respeto de los derechos humanos - designados con el calificativo de "dimensión humana"--y mantenimiento de la seguridad. La Carta de Paris por una nueva Europa, adoptada en noviembre de 1991, codificó los principios rectores de esa "dimensión humana". Refrendada por el Presidente de la Comisión Europea, constituye la base sobre la que la OSCE orienta su actuación. Los principales ejes son la prevención, la negociación y el control de la aplicación de los compromisos suscritos por sus cincuenta y cuatro miembros.

El contexto internacional de reconocimiento de los derechos fundamentales ha evolucionado notablemente en los últimos años, observándose un refuerzo del carácter universal de los derechos humanos que abre el camino a un mayor diálogo y a una mayor cooperación entre los miembros de la comunidad internacional. Las actividades que se llevan a cabo en los foros internacionales y regionales conceden prioridad hoy en día a los siguientes objetivos:

• La intensificación de los compromisos de los Estados.
• La determinación de prioridades.
• El refuerzo de los mecanismos de aplicación.

La creciente toma de conciencia de la repercusión de los derechos humanos en la paz y la seguridad internacional y regional impulsa a la comunidad internacional a prestar cada vez mayor interés a la prevención en las actividades desarrolladas a favor del respeto de los derechos humanos. A ello cabe añadir la preocupación por intervenir en la fase más precoz posible en apoyo de las iniciativas encaminadas a respaldar y profundizar los procesos de transición democrática. Esta evolución se ha visto jalonada por una serie de conferencias internacionales organizadas en el marco de las Naciones Unidas (por ejemplo, las celebradas en Viena en junio de 1993 sobre los derechos humanos, Copenhague en marzo de 1995 sobre el desarrollo social y Pekín en septiembre de 1995 sobre las mujeres).

 

Derechos humanos y democracia en la Unión:
una comunidad democrática basada en el Derecho

La construcción europea es un proyecto con finalidad democrática surgido de la voluntad política de algunos Estados democráticos de asociarse en una "organización de Estados" dotada de instituciones comunes cuya acción se basa en el respeto del Derecho. Para ello, los Estados fundadores crearon una comunidad de duración ilimitada dotada de instituciones propias, de personalidad jurídica y de capacidad de representación internacional. Ese proceso de integración por medio del Derecho y su método original diferencian fundamentalmente a la Unión Europea de las organizaciones establecidas por los tratados internacionales clásicos.

Al transferir competencias nacionales a la Comunidad Europea, los Estados miembros siempre han subrayado su intención de que la Comunidad respetara el Derecho cuando ejerciera sus facultades. En abril de 1977, una declaración común establece que las instituciones comunitarias se comprometen "en el ejercicio de sus facultades y con miras a alcanzar los objetivos de las Comunidades Europeas " a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Así pues, la existencia de esta comunidad de derecho confiere a todo ciudadano europeo el derecho de solicitar la protección del Tribunal de Justicia cuando una decisión impugnada le afecte directa e individualmente.

Una Unión Europea más democrática

La evolución de una comunidad esencialmente económica hacia una entidad política y la creciente influencia de la legislación comunitaria en la vida cotidiana del ciudadano europeo han hecho más acuciante la necesidad de que las instituciones comunitarias reforzaran su legitimidad democrática propia.

En ese sentido, la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que se hizo efectiva en septiembre de 1976, constituyó un momento decisivo. Posteriormente se han ido introduciendo otras reformas esenciales que han contribuido a democratizar el proceso de toma de decisiones, con una participación cada vez mayor del Parlamento Europeo. El Tratado de Maastricht amplió los ámbitos de aplicación del procedimiento del "dictamen conforme", dando al Parlamento Europeo la última palabra en algunas decisiones. Le confiere asimismo la facultad de aprobación de la actual Comisión, facultad ejercida por primera vez al asumir esta última sus funciones en enero de 1995.

Por otra parte, las medidas que actualmente está estudiando la Conferencia Intergubernamental tienen por objeto simplificar el proceso de toma de decisiones a fin de aumentar su eficacia y su carácter democrático.

Ciudadania europea

Una de las innovaciones fundamentales del Tratado de Maastricht es la noción de ciudadanía europea, concebida no como un sustituto de las ciudadanías nacionales, sino como un "valor añadido" que refuerza el sentimiento de pertenencia del ciudadano a la Unión. Esa ciudadanía, que todavía ha de evolucionar, prevé para todo ciudadano europeo derechos específicos como el de votar o ser elegido en las elecciones europeas y municipales en el lugar de residencia, el de circular libremente, el de residir en el lugar que elija o el de contar con protección diplomática y consular en cualquier lugar.

Respeto de los Derechos Fundamentales

La finalidad democrática de la Unión Europea se manifiesta también en el principio según el que el respeto de los derechos fundamentales del ser humano constituye uno de los elementos esenciales de la pertenencia de un Estado a la Unión Europea, tal y como recuerda el Tratado de Maastricht. Dentro de las actividades de la Conferencia Intergubernamental, este principio de base podría hallar una prolongación en la posibilidad, actualmente en estudio, de sancionar a los Estados miembros responsables de violaciones graves y persistentes de los derechos fundamentales y principios democráticos.

Los Tratados constitutivos sólo contenían algunas disposiciones sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación de los trabajadores y la prohibición de todo tipo de discriminación por motivos de nacionalidad o de sexo. El "Acta Unica Europea" (febrero de 1986) introdujo al cabo de treinta años las primeras referencias explícitas a los derechos fundamentales en un tratado comunitario.

Por su parte, el Tribunal de Justicia ha desarrollado una jurisprudencia que permite colmar la ausencia de normas de protección de los derechos fundamentales a escala comunitaria y confiere a los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de 1950 que se derivan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros el carácter de principios generales del Derecho comunitario.

No obstante, para colmar las lagunas y las diferencias de interpretación que puedan existir entre el Tribunal de Justicia y los órganos de control del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en lo que se refiere al alcance de los derechos fundamentales, dado que los actos jurídicos de la Comunidad escapan a los mecanismos de control del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (contrariamente a las medidas adoptadas por los Estados miembros), la Comisión Europea solicitó al Consejo en 1990 que le confiriera un mandato de negociación que le permitiese establecer las modalidades de adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Frente a las dificultades técnicas que planteaba tal adhesión, el Consejo solicitó el dictamen del Tribunal de Justicia, que, en vísperas del inicio de la Conferencia Intergubernamental, llegó a la conclusión de que era preciso revisar el Tratado para que la Comunidad pudiera suscribir el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El debate sigue abierto.

Se ha previsto, por otra parte, ampliar considerablemente la gama de motivos en los que podría apoyarse la acción de la Comunidad para prohibir todo tipo de discriminación, lo cual podría plasmarse en la incorporación de una nueva cláusula de no discriminación de mayor alcance que las disposiciones existentes, exclusivamente referidas a la nacionalidad y al sexo. Se pretende aclarar estas diversas cuestiones en la Conferencia Intergubernamental .

Por otra parte, sobre la base de los fundamentos jurídicos ya presentes en los Tratados constitutivos, se han adoptado diversas iniciativas a fin de reforzar la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito social. Cabe mencionar dos recientes ejemplos:

• Una directiva por la que se establece el reparto de la carga de la prueba entre la parte demandada y la parte demandante en los casos en que se alegue discriminación sexual.
• La consulta emprendida por la Comisión entre los interlocutores sociales para reforzar la lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.

La importancia que reviste el respeto de los derechos fundamentales en el proceso de construcción europea ha planteado no sólo la necesidad de reforzar la protección y promoción de los derechos y libertades en el contexto comunitario, sino que también ha permitido desarrollar iniciativas concretas para impulsar y completar las medidas aplicadas a escala nacional.

En 1986, la multiplicación de los signos de hostilidad y de los actos de violencia en contra de la población inmigrada en Europa llevó a las instituciones comunitarias a comprometerse en una declaración común a favor de la lucha contra el racismo y la xenofobia. Dicha declaración hacia hincapié en la importancia que revestía concientizar a los ciudadanos sobre los peligros del racismo y la xenofobia y luchar contra todo tipo de discriminación. Posteriormente tomaron partido instituciones como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, llegándose en 1994 al establecimiento de una estrategia global para reforzar la acción, principalmente en los sectores de la educación y la formación, la información y los medios de comunicación, la policía y la justicia. De este modo, la Unión ha contribuido a la creación de una red de iniciativas concretas, dirigidas en particular a los interlocutores sociales, que se han plasmado en proyectos piloto desarrollados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de inmigrantes. Tales medidas se han prolongado con la designación por parte del Consejo del año 1997 como ?Año europeo contra el racismo? .

La política de inmigración y el derecho de asilo son aspectos importantes del programa político de la Unión y desde 1991 han sido objeto de varias comunicaciones de la Comisión. Este tema plantea cuestiones complejas y urgentes que el Tratado de Maastricht incluyó en el orden del día de las actividades de la Unión, afirmando al mismo tiempo su vínculo indisociable con los valores de justicia social y de respeto del ser humano que constituyen la base del patrimonio europeo. La elaboración de un planteamiento global ha de combinar los siguientes aspectos:

• La coordinación de los sectores tradicionales de actividad como, por ejemplo, la política social.
• Los aspectos que asocian la política exterior y de seguridad y el comercio.
• Los instrumentos de cooperación y desarrollo.
• La política migratoria.

También es preciso un planteamiento europeo coherente para luchar contra fenómenos en expansión tales como la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. La Comunidad Europea pone todo su empeño en contribuir a la creación de mecanismos gracias a los que se pueda reaccionar rápidamente en situaciones de crisis y en aportar por mediación de organizaciones y asociaciones especializadas una ayuda directa a las víctimas de este tipo de violencia.

 

Que hace la Unión para fomentar el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos fuera de sus fronteras?

En el contexto Internacional, en el que se aprecia, en particular, el refuerzo del carácter universal de los derechos humanos, la Unión Europea ha creado progresivamente una identidad propia con miras a la promoción de los derechos humanos y de las libertades democráticas fuera de sus fronteras. En este ámbito se franqueó una etapa decisiva con el Tratado de la Unión Europea, que, por primera vez, incluía disposiciones relativas a los derechos humanos y al refuerzo de la democracia.

Principios de la acción europea

La acción de la Unión Europea se sustenta en el marco general de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, completada por los dos Pactos internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales. Los principios de la acción de la Unión son los mismos que los que forman la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos:

• El principio de la universalidad de los derechos humanos, que subraya la existencia de valores comunes a la humanidad.
• El principio de la indivisibilidad, que prohibe toda jerarquización entre, por una parte, derechos civiles y políticos y, por otra, derechos económicos, sociales y culturales.
• El principio de la interdependencia entre derechos humanos, democracia y desarrollo, que corresponde a una nueva definición del desarrollo centrada en el ser humano como poseedor de derechos fundamentales y beneficiario del proceso de desarrollo.

El corolario de tales principios es la relación de complementariedad que une los conceptos de derechos humanos y democracia: si el respeto de los derechos humanos es condición indispensable para el completo desarrollo de cada individuo, la sociedad democrática es una condición previa para el ejercicio de tales derechos puesto que constituye el marco general en el que se integran; los derechos humanos son, por su parte, condición sine qua non para que exista una sociedad democrática, ya que ésta se basa en la aportación voluntaria e individual de cada persona a la vida de la comunidad.

Otro principio fundamental es la relatividad del principio de no injerencia: los derechos humanos constituyen un elemento Importante y legítimo de las relaciones entre Estados y ninguno de ellos puede, amparándose en el principio de no injerencia, rechazar que otros Estados manifiesten su preocupación ante la violación de los derechos humanos.

Los socios de la Unión Europea

Los principales socios de la acción comunitaria son los Estados, directamente responsables de la construcción democrática y del respeto de los derechos fundamentales. El mantenimiento y la profundización del diálogo con las diversas autoridades estatales y las instituciones nacionales resultan esenciales a la hora de establecer prioridades comunes y, sobre esa base, elaborar programas de acción.

No obstante, la Comunidad apoya asimismo a los diversos componentes de la sociedad civil, ya sean organizaciones no gubernamentales, centros de formación e investigación, sindicatos o medios de comunicación, cuya contribución resulta decisiva para la construcción y la consolidación de la democracia v del Estado de Derecho.

El modelo de asociación establecido con tales organizaciones difiere del de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, ya que no concede "estatuto consultivo" a las organizaciones no gubernamentales, pero hace, empero, de esos "portavoces" de los individuos y de los pueblos un vector esencial de la política comunitaria de promoción de los derechos fundamentales.

La eficacia de la acción de la Unión se basa asimismo en la movilización de las demás organizaciones internacionales y regionales que actúan en el ámbito de los derechos humanos, creando una sinergia cada vez más estrecha. Ejemplo de ello es el Pacto de estabilidad Impulsado por la Unión en diciembre de 1993 con el objetivo de contribuir a la consolidación de las fronteras y al apaciguamiento de las tensiones entre minorías nacionales, principalmente en las nuevas democracias de Europa Central y Oriental, cuya aplicación fue confiada a la Organización de Seguridad Y Cooperación en Europa (OSCE).

Siempre a escala europea, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección de las minorías nacionales llevó al Consejo de Europa y a la Unión Europea a poner en común sus medios de acción y sus recursos propios a fin de alcanzar objetivos comunes. También se ha establecido una estrecha cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo en forma de contribución de la Unión al despliegue de la misión de observadores de los derechos humanos en Ruanda.

Instrumentos

Para llevar a cabo su actuación, la Comunidad Europea dispone de una amplia gama de instrumentos. Uno de los más innovadores es la incorporación de una cláusula relativa a los derechos humanos en los acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países. Esta disposición, que define los derechos humanos como ?elemento esencial? de las relaciones entre ambas partes:

• Contribuye a hacer del respeto de tales derechos un tema de interés común y un elemento esencial del diálogo, dando paso, si procede, a una mayor cooperación en este ámbito.
• Permite recurrir, en su caso, a medidas restrictivas en caso de violación grave y persistente de los derechos humanos o de Interrupción peligrosa del proceso democrático.

En 1995 el Consejo decidió reforzar este dispositivo añadiéndole una cláusula gracias a la cual puede reaccionarse rápidamente ante una violación grave de los derechos humanos.

Otro medio para impulsar la acción comunitaria lo constituyen los considerables recursos financieros que permiten llevar directamente a la práctica los compromisos en aquellos lugares en que se necesitan. Por iniciativa del Parlamento Europeo, una parte del presupuesto comunitario se dedica específicamente a la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en diversas zonas geográficas, de acuerdo con orientaciones ?temáticas? amplias. Ese presupuesto específico ascendía a casi 90 millones de ecus en 1996. Otros recursos, frecuentemente de mucha menor cuantía, proceden de los créditos de asistencia y de cooperación financiera.

Ambitos de acción de la Unión

La Unión Europea ha determinado progresivamente una serie de ámbitos de acción sobre la base de un planteamiento integrado que toma en consideración la interacción entre derechos humanos, democracia y desarrollo. En una resolución del Consejo y de los Estados miembros (noviembre de 1991) se establecen orientaciones, procedimientos y líneas de acción concretos, que se plasman ante todo en un inventario no exhaustivo de las iniciativas que han de emprenderse. Por otra parte, en el Tratado de la Unión se establece una estrecha relación entre política de desarrollo y respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho. En este contexto, la Comunidad ha adoptado un planteamiento positivo financiando diversos proyectos y programas en sectores determinados en función de la diversidad de las situaciones locales, de las sensibilidades y de las necesidades.

Apoyo al proceso de transición democrática

Es ésta una nueva temática vinculada a la creciente toma de conciencia de la necesidad de intervenir en la fase más precoz posible de los procesos de transición democrática por medio de medidas auxiliares y de estímulo. Un elemento clave de este enfoque es la asistencia electoral, gracias a la cual se pueden alcanzar los siguientes objetivos:

• Apoyar el proceso electoral con proyectos a más largo plazo como la formación de los agentes electorales, la asistencia técnica y jurídica en la redacción de las leyes electorales, el apoyo a la realización de censos electorales.

• Lograr una gran repercusión política y un nivel de visibilidad que superan el de las iniciativas tradicionales.

En el transcurso del período 1990-1995, la Unión Europea suministró a través de organismos especializados un apoyo de carácter esencialmente técnico a cuarenta y cuatro países. Las actividades realizadas varían según las situaciones. Se trata de ayudas especificas con miras:

• a la emergencia de una sociedad civil, incluida la participación de mujeres como candidatas y como electoras informadas,
• a la concienciación de los medios de comunicación,
• a la educación cívica o
• a la formación de estructuras parlamentarias.

La dimensión política inherente a este tipo de intervención ha hecho que tres de las primeras actuaciones comunes decididas por la Unión Europea dentro de la nueva política exterior y de seguridad común (PESC) hayan consistido en la asistencia electoral en Rusia (diciembre de 1993) o en Sudáfrica (mayo de 1994) y en el apoyo al proceso de paz en Oriente Medio (abril de 1994).

 

Actividades de preparación y observación

De las elecciones palestinas

En abril de 1994 la Unión Europea aprobó una acción común para aplicar un programa de ayuda a la preparación y o la observación de las elecciones palestinas. Esa asistenda permitió contribuir a actividades preparatorias de las elecciones como por ejemplo:

• La redacción de la ley electoral.
• La creación de oficinas electorales a escala nacional y local.
• La creación de una oficina de prensa.
• El establecimiento de circunscripciones electorales.
• La organización de una campaña de educación cívica.
• La formación de los agentes electorales y el suministro de material electoral (papeletas de voto, etc).

Al solitársele en septiembre de 1995 que coordinara y participara en la observación de las elecciones la comunidad decidió en estrecha colaboración con los Estados miembros enviar un equipo de 300 observadores así como una " Unidad electoral europea" encargada de coordinar las actividades de observación internacional.

Promoción y consolidación del Estado de Derecho

Uno de los elementos clave del éxito de los procesos de transición democrática reside en el apoyo que se da a la creación o consolidación del Estado de Derecho, que requiere reformas legislativas y políticas a fin de garantizar la primacia del Derecho, la independencia de los jueces, la transparencia del proceso de toma de decisiones y la instauración de un orden jurídico que ofrezca garantías legales en cuanto al respeto de los derechos del ciudadano. La Unión ha apoyado iniciativas destinadas a hacer frente a carencias graves del sistema judicial y a contribuir a la humanización del sistema penitenciario en numerosos países a través, por ejemplo, de los siguientes medios:

• Apoyo al refuerzo y a la independencia del poder judicial.
• Actividades de asistencia jurídica a los detenidos o de refuerzo de los servicios de defensa pública.
• Contribución a la lucha contra la impunidad, como en el caso de un programa de ayuda judicial en Haití que incluye el apoyo a la Comisión Nacional en pro de la Verdad y la Justicia.
• Apoyo a proyectos dirigidos a reforzar los derechos de defensa, en favor de los mineros en particular, y a promover los principios fundamentales de justicia dentro de las reformas emprendidas en ciertos países en los que los niños o los presos son víctimas de violencia política y social.
• Apoyo de la función de los magistrados y de los abogados, que también desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos fundamentales.
• Actividades de formación, basadas en el respeto del Estado de Derecho, del personal de las fuerzas armadas y de las de policía y seguridad.

 

Acción de la Unión en Latinoamerica

La comunidad contribuye a llevar a la práctica iniciativas de carácter institucional basadas en tradiciones jurídicas originales. La ayuda concedida se centra en la infraestructura de información de asistencia y de formación como, por ejemplo, la oficina del Fiscal para la defensa de los Derechos humanos en Guatemala, la Defensoría del Pueblo en Colombia, la institución del Defensor del Pueblo en Panamá, o la oficina del Conciliador en Guatemala.

Otras medidas contribuyen a reforzar los ministerios públicos, bien a través de asistencia técnica (Honduras), bien mediante el apoyo a las actividades de formación (Guatemala). Uno de los programas desarrollados en Centroamérica se dedico a seguir los casos presentados ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Otro proyecto aplicado en los once países de Centroamérica consiste en la celebración de seminarios que reúnen a jueces, fiscales y abogados, con el fin de desmultiplicar los programas de formación jurídica en cada uno de los paises interezados. Gracias a este programa también puede mejorar el funcionamiento de las bibliotecas jurídicas de tales paises.

 

Habida cuenta de la gravedad de ciertas situaciones en que la impunidad de los autores de violaciones graves crea un clima de inseguridad propicio a nuevos actos de violencia, las actividades de prevención integran asimismo aspectos "represivos": cabe citar, por ejemplo, la creación de los tribunales penales internacionales especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, a los que la Unión Europea ha prestado apoyo activo.

 

Apoyo a los tribunales penales internacionales

Por iniciativa del parlamento Europeo la comunidad ha apoyado iniciativas específicas que han contribuido al comienzo de las actividades de tribunales internacionales especiales. Por otro parte, se han encomendado a ONG especializadas tareas de apayo con diversos objetivos (con un presupuesto global del orden de 3,1 millones de ecus):

• Protección y apoyo de la victimas que declaran como testigos.
• Puesta a disposición de un equipo de asistentes jurídicos.
• Concienciación sobre las funciones del tribunal.
• Medidas para recoger nuevos testimonios.
• Creación de centros de documentación y de una base de datos.
• Seguimiento técnico de las actividades del tribunal.
• Concesión de un servicio de videoconferencia, etc.

 

La Unión ha decidido asimismo conceder ayuda financiera a las organizaciones no gubernamentales que promueven la introducción de uno jurisdicción penal internacional permanente.

Otros aspectos inherentes al proceso democrático son las nociones de transparencia, correcta gestión de los asuntos públicos y responsabilidad. A modo de ejemplo, la lucha contra la corrupción forma parte integrante de las medidas prioritarias en este ámbito. Existen numerosos proyectos, concretamente dentro del programa en pro de la democracia en los países de Europa Central y Oriental (PHARE-Democracia) y la antigua Unión Soviética (TACIS Democracia), que fomentan el establecimiento de sistemas democráticos de autonomía local gracias a actividades de formación, intercambios de experiencias, creación de bases de datos y redes de información por medio del análisis detallado de las prácticas de la democracia local.

La sinergia entre la sociedad civil y el sector público se impulsa a través de proyectos basados en el establecimiento de asociaciones transfronterizas. La ayuda comunitaria permite apoyar iniciativas centradas en la reforma del Estado y de su administración, la mejora del sistema de aplicación de las leyes y la formación de los responsables locales. Asi, por ejemplo, existe un proyecto, basado en experiencias efectuadas en Alemania y Portugal, que intenta familiarizar a los responsables políticos locales, nombrados tras las primeras elecciones locales libres en Bulgaria y Eslovaquia, con los diversos aspectos de la práctica democrática.

 

El IV Convenio de Lomé (revisado por el Acuerdo de Mauricio de 4 de noviembre de 1995)

El Convenio de Lomé regula las relaciones entre la Comunidad Europea y 70 países de Africa del Caribe y del Pacífico (ACP) en el marca de lo política de cooperación. En él se contempla el respeto de los derechos humanos y de los principios democraticos asi como un procedimiento específico en caso de violación de tales principios. Dicho convenio prevee asímismo recursos financieros para apoyar la defensa de los derechos humanos y las medidas de democratización consolidación del Estado de Derecho y correcta gestión de las asuntos públicos.

 

Fomento de una sociedad civil pluralista

El proceso de democratización se fundamenta asimismo en el desarrollo de una cultura democrática basada en el pluralismo, la tolerancia y la participación de los ciudadanos. la Unión concede gran importancia a las medidas encaminadas a diversificar y densificar un "entramado social" que impulse la democracia fomentando el ejercicio de las libertades democráticas, la participación de la población y la creación de formas dinámicas de solidaridad.

En este ámbito se presta especial atención a la defensa y al fomento de la libertad de expresión y a la independencia de los medios de comunicación, que desempeñan una función tanto de "vigilancia" del poder ejecutivo, denunciando sus abusos, como de refuerzo de la sociedad civil a través de una información--si no objetiva, al menos pluralista--sobre la actualidad política, social, económica y cultural. El apoyo comunitario se ha centrado en particular en la defensa de la libertad de prensa, en la asistencia directa a los medios de comunicación y a los periodistas que han visto conculcada su libertad de expresión, y en la formación de los periodistas, en la que se incluyen los aspectos deontológicos de su profesión.

Ayuda comunitaria a los medios de comunicación y al fomento de la libertad de expresión.

El periódico independiente Nasa Borba, emblema de la libertad de prensa en Belgrado creado a principios de 1995 por periodistas que habían abandonado la redacción del periódico Borba que acababa de pasar a manos de las autoridades disfrutó, al principio, de una ayuda financiero gracias a la que se pudieron comprar 300 toneladas de papel a fin de asegurar la difusión cotidiana del periódico.

También se respaldó una iniciativa original gracias a la que quince periodistas de paises africanos de habla portuguesa pudieron familiarizarse con las diversas facetas de sus funciones asistiendo o una campaña electoral democrática y colaborando con sus colegas portugueses en la cobertura informativa de las elecciones en Portugal.

Se han llevado a cabo proyectos para luchar contra el avance de los medios de los medios de comunicación que fomentan el odio y al amparo de la libertad de expresión propagan el odia basado en motivos étnitos o religiosos y los extremismos de todo tipo. En Burundi se llevó a cabo un proyecto que contaba con ayuda comunitaria para prestar ayuda de urgencia a los medios independientes de comunicación a fin de contrarrestar la influencia de los medios que difunden mensajes y eslóganes extremistas.

 

Fomento y restauración de la paz civil

En numerosos países la conquista de la paz es un proceso complejo que exige una acción a fondo en diversos ámbitos. Las orientaciones de la ayuda comunitaria en la materia son la conciliación y el desarrollo de las capacidades de resolución de conflictos, alerta rápida y diplomacia preventiva. Los proyectos a los que se ha prestado ayuda conceden prioridad a las relaciones entre:

• promoción de los derechos humanos,
• animación de la sociedad civil y
• fomento de los valores de paz.

Tales proyectos favorecen la contribución de la sociedad, catalizan la participación del ciudadano y multiplican los intercambios de experiencias. En ellos desempeña un papel central la educación, ya se trate de inculcar valores de paz, de reconciliación y de respeto del ser humano o de preparar para la utilización de técnicas de negociación y gestión de los conflictos sociales.

Así, han recibido ayuda comunitaria países que han sufrido graves conflictos, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú y Angola. Un nuevo ejemplo lo constituye el cuerpo de observadores europeos que, dentro de una operación de las Naciones Unidas, contribuye con su presencia y actividades de vigilancia a aplacar las tensiones y a restaurar la confianza de la población en Ruanda.

Iniciativas destinadas a grupos específicos

Basándose en los análisis realizados en los foros internacionales, que resaltan la necesidad de proteger a los componentes más vulnerables de la sociedad, la Unión Europea ha diseñado un nuevo eje de intervención que tiene como destinatarios de

Los proyectos a determinados grupos teniendo en cuenta las peculiaridades de su situación, sus necesidades y sus responsabilidades dentro de la sociedad.

En el caso de la infancia, la ayuda comunitaria se centra en actividades de concienciación sobre los valores democráticos y de educación y formación a fin de acabar lo antes posible con los prejuicios que constituyen el fermento de la discriminación, la violencia y la intolerancia.

En los países más afectados por fenómenos de explotación económica de los jóvenes abandonados en las ciudades o empujados a la prostitución, la Unión respalda los esfuerzos de los Estados y de las asociaciones especializadas con proyectos específicos que fomentan la asistencia, la protección, el bienestar social, la readaptación y la educación o contribuyen concretamente a la supresión del trabajo de los niños. Otras medidas ofrecen una asistencia global, psicológica, médica y social a los menores expuestos a situaciones de extrema violencia. A ello cabe añadir las campañas de concienciación y de información.

La promoción de los derechos de las mujeres ha movilizado a la Unión Europea, que contribuyó activamente a las actividades de la Conferencia de Pekín en septiembre de 1995. Dos son los objetivos de la Unión en este ámbito:

• Fomentar la plena participación de las mujeres en la vida cívica y política, así como en la vida social y económica.
• Prestar asistencia a las mujeres que han sido víctimas de torturas o de malos tratos.

Cabe mencionar asimismo la preocupación por tener en cuenta de manera sistemática el papel de la mujer en los diversos aspectos de la política comunitaria de cooperación al desarrollo.

 

Las organizaciones femeninas en la Conferencia Mundial de Pekín

Con un presupuesto global de casi 2 millones de ecus lo Unión hilo posible que las organizaciones femeninas y las organizaciones no gubernamentales de los poises del ur y de Europa Central y Oriental participaran en la Conferencia Mundial de Pekín y en el Foro de los ONG que se celebro al mismo tiempo. Cincuenta representantes de organizaciones femeninas de Latinoamérica y del caribe pudieron tomar parte en las actividades de la conferencia y del Faro. También se tomaron las primeras iniciativas para llevar a la práctica los resultados de la conferencia como por ejemplo un programa de formación en Kenia Zambia y Tanzania destinada a las ONG que defienden los derechos de la mujer.

Mujeres víctimas de violaciones en Bosnia

La misión de investigación realizada en la antigua Yugoslavia en diciembre de 1992 y enero de 1993 dio lugar a recomendaciones concretas referentes a las mujeres, y especialmente las de religión musulmana, que habían sufrido violaciones u otras atrocidades durante el conflicto yugoslavo. Tales recomendaciones se plasmaron en iniciativas concretas (con una dotación de 1 millón de ecus) destinadas a paliar los traumatismos mediante la creación, a escala local, de una red de grupos de ayuda y la mejora del acceso a la atención médica.

Se presta también apoyo a proyectos específicamente destinados a los presos. Las actividades educativas en las que participan tienen objetivos concretos relacionados con su reinserción en la sociedad. Tales actividades se complementan con compañías de información y concienciación, asi como con iniciativas centradas en el apoyo a las ONG que intervienen en situaciones de crisis.

Zimbabue: una alternativa a la cárcel

El proyecto, que cuenta con ayuda comunitaria, pretende establecer un modelo innovador a fin de alcanzar los siguientes objetivos:

• Fomentar la participación de los presos en los servicios públicos ("servicio a la comunidad") como alternativa a lo cárcel.
• Modificar el comportamiento de los presos.
• Ofrecerles la posibilidad de mantener o establecer vinculos con sus familias o sus comunidades a fin de hacer posible su reinserción profesional y social.

 

El Parlamento Europeo ha asignado un presupuesto especifico a la asistencia a las víctimas de torturas con miras a su rehabilitación psíquica, física y social. Estos créditos (6 millones de ecus para 1997) permiten recurrir a organismos especializados que ayudan a las organizaciones locales en la formación, el inicio y el período de realización de actividades de formación, asesoramiento jurídico y asistencia social.